Muchos nos preguntan, y nosotros mismos, los periodistas, nos preguntamos a menudo, si debemos actuar en ciertas situaciones o si debemos mantenernos al margen para no “manchar” la realidad con nuestra presencia. Otras veces nos preguntamos, y nos preguntan, si nuestro estatus de periodista nos da “carta blanca” para burlar la ley con el objetivo de conseguir una información. Probablemente dentro de poco nos dejaremos de hacer esta pregunta porque los tribunales nos los están dejando muy claro: si no actuamos cuando vemos un delito, somos cómplices, si nos saltamos la ley, somos delincuentes. Y me parece [más o menos] bien. Más allá del debate sobre si podemos evitar todas las fechorías que veamos, que obviamente no, o sobre los diferentes grados delictivos que podemos franquear a la hora de conseguir una noticia, lo cierto es que poseer un papel donde diga “Licenciado en Periodismo” no nos da derecho a hacer lo que nos dé la gana.

La última que ha recibido un aviso por parte de los tribunales ha sido la reportera de Cuatro Samanta Villar, quien ha sido imputada por ayudar a una familia gitana a robar unos hierros durante uno de sus reportajes para “21 Días“. En el reportaje, ella misma asegura que no sabe si se trata de un robo o no.

Obviamente, en toda esta historia hay matices, matices que deberían determinarse según la necesidad de las acciones del periodista para obtener la información y la necesidad de la información en si como servicio público. ¿Era necesario que Samanta Villar participara en el robo para tener un buen reportaje [aunque no esté segura de que se trata de un robo, en el video se ve claro que se lo huele]? Y sobre todo, ¿la información era tan importante como para llegar a ese extremo?  Yo a ambas preguntas contestaría que no. ¿Qué contestarán los jueces?

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